Alcances Inconstitucionales del D.S. 019-2010-ED

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Con fecha 02.07.2010 el MINEDU ha publicado en el diario oficial El Peruano el D.S. Nº 019-2010-ED, dispositivo que establece las medidas administrativas aplicables al personal docente y administrativo del Sector Educación, cualquiera sea su régimen laboral o contractual que realice actos de proselitismo político y los constitutivos de terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organizaciones terroristas, instigación, reclutamiento de personas, apología del terrorismo previstos en el Código Penal y normas conexas.

A continuación, un resumen de los alcances de la mencionada norma:


Art. 1 Por denuncia de la autoridad educativa o administrativa, el docente o administrativo que realice actos de proselitismo político y terrorismo, como los ilícitos conexos previstos en la norma, será denunciado ante la UGEL o DRE y el Ministerio Publico para los fines correspondientes. En el caso del docente, este será puesto a disposición de la UGEL no pudiendo por ningún motivo dictar clases ni permanecer en la I.E.

Art. 2 Estas conductas constituyen falta administrativa muy grave y conlleva la destitución del docente o administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal correspondiente.

Art. 3 Los condenados por la comisión de los delitos de terrorismo e ilícitos conexos no podrán ingresar ni reingresar al servicio, aun cuando hayan sido rehabilitados por la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Art. 4 El archivamiento de la denuncia por parte del Ministerio Publico o la sentencia absolutoria consentida y/o ejecutoriada emitida por la autoridad judicial no modifican ni dejan sin efecto la sanción administrativa de destitución impuesta.

Art. 5 El docente comprendido en una investigación o proceso penal por delito de terrorismo e ilícitos conexos será puesto a disposición de la oficina de personal, no pudiendo por ningún motivo dictar clases, ni permanecer en la I.E.
Disposic. Transit. Los docentes que hayan sido condenados por terrorismo (num, 3, art. 1) serán reubicados para desempeñar labores administrativas fuera de las I.E.

Desde nuestra perspectiva el D.S. Nº 019-90-ED es violatorio de un conjunto de principios constitucionales (Presunción de Inocencia, Debido Proceso, etc.) que regulan la potestad de sanción del Estado, cuya concurrencia es imprescindible en toda tramitación en los cuales se encuentre un ciudadano sometido a proceso, antes de imponerse una medida de sanción, sea en el Poder Judicial, como en la Administración Publica.

Asimismo, contraviene el Principio de autonomía y equilibrio de poderes que rigen todo Estado que se presuma democrático al recortar los alcances jurídicos de las sentencias absolutorias dictadas por el Poder Judicial que, de acuerdo con este decreto, por ningún motivo podrán modificar o dejar sin efecto la sanciones dictadas en el ámbito administrativo con lo cual se crea una innecesaria colisión entre las potestades constitucionales previstas para el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respectivamente.
Finalmente, yéndose contra el legitimo derecho de las personas a reinsertarse en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida impide el ingreso o reingreso a la función docente a los condenados por terrorismo e ilícitos conexos, desconociendo el derecho al trabajo, fuente legitima de subsistencia de toda persona, conexo al derecho a la vida, aparte de transgredir el derecho a la rehabilitación prevista en el art. 69 del Código Penal para aquel que haya cumplido la pena dictada por el órgano jurisdiccional competente, sentando un peligroso precedente contra los derechos fundamentales de la persona y la propia Constitución Política.

Los Antecedentes Historicos.
Tras la revolución burguesa de 1789, la idea de un Estado superpoderoso, dueño de una portentosa capacidad represiva sin limites y ajena control ciudadano, al que Engels denomino maquinaria de opresión social, pertenece al pasado. Siguiendo el pensamiento liberal, dos paradigmas emergieron de la Revolución Francesa: Primero, la idea de Persona, en negación a la idea de súbdito o siervo feudal sometido al Rey para constituirse en la base y fundamento de la actividad estatal; el centro de su mayor protección al dotarlo de ciudadanía (derechos y deberes).

De otro lado, la idea del Estado Democrático, en negación al Estado Monárquico Absolutista personalizado en la figura del Rey. En base a este concepto, el pueblo renuncia a parte de sus derechos para encargar (democracia representativa) el ejercicio del poder a un ente llamado Estado, responsable al final de asegurar el bienestar de los ciudadanos. En ningún caso este poder debía ser absoluto, ilimitado y ajeno al control de los ciudadanos.

Ciertamente, para sostener el orden político el Estado debe hacer uso legitimo de la coerción y de la fuerza con los cuales podrá evitarse el imperio del caos y el desorden social. Para ello el Estado hace uso de los instrumentos (la ley) y de los órganos estatales (Policía, Ministerio Publico, Poder Judicial, etc.) establecidos en la Constitución.

De manera que allí donde el orden político sea alterado por la conducta de una persona cuyo proceder la ley tipifica como infracción, sea penal o administrativa, este deberá ser sometido a proceso y con plena concurrencia de las garantías que rigen el debido proceso, ser sancionado, si hubiere razón jurídica para ello. Pero, si la conducta no constituye infracción, ni alcanza desvirtuar la Presunción de Inocencia, principio por el cual se presume inocente a toda persona hasta que haya sido declarado culpable, este deberá ser absuelto y recuperar a plenitud el ejercicio de sus derechos fundamentales.

¿QUE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES VULNERA EL D.S. 019-2010-ED?
* La Presunción de Inocencia y el Debido Proceso.
La destitución del docente y/o servidor administrativo que realice actos de proselitismo político y delito de terrorismo, como los ilícitos conexos señalados en la acotada norma (art. 1) sin la tramitación del proceso administrativo disciplinario, o, contra aquel que se encuentre comprendido en una investigación o proceso penal (art. 5), representan un atropello violatorio de la Presunción de Inocencia y del Debido Proceso, principios consagrados en los arts. 2, num. 23, pgfo. “e” y el art. 139, num. 3 de la Carta Fundamental, y las cláusulas contenidas en el art. 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tema desarrollado en sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional peruano.

La Presunción de Inocencia establece como principio que todo ciudadano sometido a proceso no debe ser tratado como un reo, tampoco ser impedido de trabajar, ni ser limitado en el derecho a obtener los recursos útiles para su subsistencia, hasta que la autoridad competente establezca su responsabilidad, si lo hubiere. En tanto no se haya desvanecido esta coraza protectora el procesado podrá desarrollar sus actividades sin ningún recorte o limitación, salvo el que provenga de la autoridad competente.

La aplicación de la sanción (destitución) supone que producto del proceso administrativo disciplinario se haya determinado la existencia de indicios suficientes de responsabilidad en el procesado; esto es que la infracción, sin duda, se haya configurado y consiguientemente exista una relación de causa – efecto entre la conducta de este y la infracción prevista por la ley. Solo cuando se materialicen estos supuestos estamos en condiciones de asegurar el desvanecimiento de la presunción de inocencia en el procesado y, por tanto, la oportunidad procesal para aplicar la correspondiente sanción.

El decreto en mención vulnera este principio toda vez que sin previo proceso (ya que el acotado decreto no la señala de manera expresa) y sin la sustanciación de los actos procesales que la componen (Investigación preliminar, pliego de cargos, descargo, actuación de pruebas, informe oral, etc.) se impondrá la destitución al docente comprendido en actos de proselitismo político y terrorismo, prohibiéndosele dictar clases, como permanecer en la I.E., configurando una grave infracción al derecho al trabajo reconocido por la Constitución Política (art. 22) como un derecho y un deber, y, a su vez, un medio de realización de la persona.

De otro lado, viola igualmente el Debido Proceso, principio que garantiza el derecho del denunciado a acceder a un proceso que reúna los requisitos mínimos que lleve a la autoridad competente a pronunciarse de manera justa, equitativa e imparcial. Esto comprende que al ser sometido un docente o servidor a proceso administrativo tiene derecho a ser oído, conocer los motivos que originan la investigación, contar con abogado defensor, hacer uso de las pruebas para deslindar su responsabilidad, a impugnar las resoluciones administrativas que vulneren la ley, a exigir una resolución fundada en el derecho, entre otros aspectos. Todo indica que estas reglas sucumben en el acotado decreto, simplemente son relegadas para dar lugar a la imposición de la sanción (destitución) sin mas tramite que la denuncia interpuesta por la autoridad educativa o administrativa ante la UGEL o la DREE.

Sin embargo, es útil precisar que tanto la administración, como el Poder Judicial están obligados a la observancia del Debido Proceso. Como lo ha establecido el Tribunal Constitucional peruano, “el debido proceso esta concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden publico que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo sancionatorio, como en el caso de autos o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (Exp. 2658-2002-AA/TC)

Estos principios, cuyos orígenes se remontan a la Revolución Francesa de 1,789 establecida, a su vez, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (art. 9) se encuentran consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (art. 8, num. 2) como cláusulas de obligatorio cumplimiento por parte del Estado peruano, por haberse adherido y, consiguientemente, ser parte del derecho nacional interno. Su negación, sin duda, representa abuso de poder.

* El Derecho a la Rehabilitación y la Reinserción a la sociedad.
La rehabilitación representa un derecho cuya trascendencia jurídica ha sido expresamente reconocida por el Código Penal. El art. 69 del Código Penal establece la figura de la rehabilitación automática a favor del beneficiado al remarcar que esta debe aplicarse a “El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad . . .”

Dentro de la lógica de promover el bienestar general de sus ciudadanos el Estado peruano esta en la obligación de rehabilitar socialmente a las personas sentenciadas para que puedan reintegrarse a la sociedad. Esto se logra a través de la implementación de programas educativos y asistencia psicológica y medica constante, así como actividades que contribuyen al enriquecimiento personal de los mismos.

Se ha dicho que siendo la educación una actividad vinculada a la formación de menores, los condenados por delitos de terrorismo no estarían habilitados para el desempeño docente. En el fondo esta apreciación representa un estigma social incompatible con el derecho que la Constitución Política ha resuelto cuando indica que en el Estado democrático “ . . .el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, la rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad” (art. 139, num. 22), principio concordante con la cláusula sancionada en el art. 10.3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconocido por el Estado peruano que establece que: “. . . el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”.

El precepto constitucional sobre la rehabilitación y la reinserción de los penados a la sociedad no admite interpretaciones dispares ni contradictorias, menos una apreciación opuesta al Principio de Jerarquía Normativa como se infiere en el art. 3 del acotado decreto. Una sociedad que postule la integración de sus miembros no admite razón jurídica alguna que recorte o limite el derecho a ser reinsertado en la sociedad mas aun si, a través del trabajo, estos vienen alcanzado su realización personal y familiar.

Por ultimo, resulta contradictorio que siendo la independencia y el equilibrio de poderes la formula sobre el cual descansa el accionar de los poderes públicos, se pretenda con este decreto restar la eficacia de las sentencias absolutorias dictadas por el Poder Judicial, las cuales no podrán modificar ni dejar sin efecto la sanción administrativa impuesta al docente o servidor administrativo comprendido en estos ilícitos (art. 4). Igual destino correrán las resoluciones fiscales que dispongan el archivamiento de las denuncias penales.

El aludido decreto no solo contraviene la potestad constitucional que se asigna al Poder Judicial de administrar justicia (art. 138 C.P. 1993). En verdad atenta contra el propio Estado de Derecho del país y los derechos fundamentales de la persona. ¿ Que valor podrán tener las sentencias absolutorias dictadas por el Poder Judicial cuando no puedan ser ejecutadas? ¿Qué seguridad jurídica tiene la sociedad si las instancias administrativas optaran por rehusar la ejecución de las sentencias absolutorias o resoluciones fiscales que archiven las denuncias interpuestas contra ciudadanos inocentes ? El D.S. Nº 019-2010-ED representa un serio y peligroso dardo inconstitucional lanzado desde Palacio de Gobierno y en el fondo revela que quien manda sobre el resto de los poderes públicos y la propia Constitución es, sin duda, el Ejecutivo.
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Pronunciamiento del SUTEP Regional Puno,sobre Huelga del 12 de julio

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Compañeros, la brega de los maestros de la MACROSUR, ha llegado a su DESENLACE, lo cual implica que para ello tenemos que ANALIZAR LO SIGUIENTE.

"LOS CLASISTAS SABEMOS QUE VAMOS A LA LUCHA SABIENDO AÚN QUE VAMOS A REGRESAR CON LAS MANOS VACÍAS"

Irrumpimos en esta brega por la siguiente PLATAFORMA: En lo principal DEMANDA DE AUMENTO SALARIAL PARA LOS MAESTROS, EXTENSIVO A CESANTES, JUBILADOS Y CONTRATADOS y en lo fundamental POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS MAESTRSO: Estabilidad laboral,no a la CPM, no a la privatizaciòn, cumplimiento a la Ley del profesorado, contra la ley 29510 que liberaliza la profesióm; en SUMA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MAESTROS Y DE NUESTRO PUEBLO PPOR DERECHO A LA EDUCACION PÙBLICA GRATUITA Y UNIVERSAL, ASÍ COMO POR LAS DEMANDAS DE NUESTRO PUEBLO.

2.- DECIMOS QUE LA HUELGA DEL MAGISTERIO MACROSUR, ES Y FUÉ UN HITO HISTÓRICO, pues en contextos tan críticos, en las que nadie se atreve a luchar, hemos salido, ¡porque no tememos a las derrotas!, sabemos además que los éxitos se construyen a punta de fracazos y derrotas que son solo transitorias, mientras que LAS LUCHAS DE NUESTRO PUEBLO Y DEL MAGISTERIO SON ABSOLUTAS repito absolutas. por otro lado ESTA BREGA TUVO LA BRILLANTE PERSPECTIVA: UNIR A LAS LUCHAS DE NUESTRO PUEBLO, a nivel macrosur allí está la demanda del Gas de CAMISEA, INAMBARI, que nos permitieron plantear en sendas reuniones la HUELGA DEL SUTEP MACROSUR, Y NUESTRO PUEBLO PROPENDÍA Y PROPENDE EN LO MÁS RECÓNDITO de su ser A UNA LUCHA FRONTAL CONTRA este gobierno el más desenfrenado y desbocado neoliberal, sin embargo aquí algunas precisiones que nos permite plantear ante el problema concreto

a.=ANALISIS DEL MOMENTO ACTUAL DE LA LUCHA DE CLASES

El gobierno arremete con su polìtica neoliberal, pero ¿CÒMO ESTÁ EL MOVIMIENTO POPULAR?.-no hay duda, está debilitado y lo sentimos, porque que el movimiento MACROSUR de los pueblos por la huelga, el pasado 17 en Puno ha sido medrado por los traidores y esquiroles de la CGTP, que como nunca han movido a sus ruines a esta ASAMBLEA, y que generaron únicamente manosear al FOP de PUNO y por ello llegaron al acuerdo DEL SIMPLE "LAVADO DE BANDERA EL 26 DE JULIO, EVIDENTEMENTE QUIEREN JALONAR SUS LUCHA EN PERSPECTIVA ELECTORAL, PUES TIENEN CANDIDATOS, y el otro acuerdo es Reunión en Tacna el próximo 14 de Agosto dicen para promover marcha del los suyos, Ello es un hecho que resta la posibilidad de seguir en la BREGA. porque de haber huelga hubiéramos tenido la posibilidad de luchar junto a nuestro pueblo por el salario, lo otro que Tacna ni Moquegua trajeron fechas, estuvo Cusco solo provincias, los de Puno plantearon huelga, pero como vemos la DEBILIDAD ESTA PRESENTE.

b.- ¿QUÈ DEMUESTRA ESTO? Falta dirección con espíritu de clase en nuestras organizaciones populares ¿y el SUTEP? TAMBIEN TIENE PROBLEMAS INTERNOS ALLÍ ESTÁ LA ESCISIÒN- Robert (caudillo) y Alvizuri por otro lado, tenemos que trabajar por esclarecer estos problemas y DESLINDAR ABIERTAMENTE, CON LOS QUE MEDRARON EN ESTA LUCHA, LA CGTP., DREP, Frente Clasista Magisterial, y por último los maestros que no salieron a la lucha de manera contundente.

c.- ¿QUÉ ES LO POSITIVO? Esta huelga nos permitió desenmascarar al gobierno los salarios míseros que percibe un maestro y luego exigen calidad ¿podrá un maestro sin salario digno educar bien? si solo alcanza su salario para apenas sobrevivir, de allí maestros taxistas, hasta comerciantes a eso han arrojado al magisterio, ESA ES LA DENUNCIA QUE HEMOS HECHO ANTE NUESTRO PUEBLO: Nos permitió también señalar que la CPM está desfinanciada y hacer por ende el llamamiento a los maestros a no inscribirse para la evaluaciones a CPM que el gobierno con campañas millonarias impulsa, de manera desventajosa para el maestro. También en este contexto denunciar ante el pueblo de como el gobierno pugna por RETIRAR A docentes ex-reclusos con el argumento de pro sendereistas, terroristas, etc. con los que nos solidarizamos y exigimos que los organismos pertinentes planteen DEMANDA ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DD.HH. por la Flagrante violación de Derechos Humanos de la persona; quieren quitarle el alma, quieren matarlo en vida ¿De qué se alimentaran sus hijos? REPUDIAMOS ESTA POLITICA DE PERSECUCION A MAESTROS SOLO POR SUS IDEAS

FINALMENTE.= Los clasistas sabemos que los éxitos y reveses, victorias y fracazos, son condicionantes de la lógica de la dialéctica social y ANALIZANDO ASI LAS COSAS, concluimos los dirigentes regionales, junto a las provinciales la necesidad de evaluar el aspecto de la lucha y bajo reunión determinamos hacer CONSULTA A LAS BASES, EN BASE A LOS INFORMES SEÑALADOS LINEAS ARRIBA, y el lunes los maestros se reunieron , discutieron y llegaron al acuerdo en todas las bases provinciales a SUSPENDER TEMPORALMENTE, hasta que nos fortalezcamos, primero ideológicamente y con mayor firmeza volver en la futura jornada que las bases lo determinen así.

ANTE ELLO EN LA CAPITAL PUNO, ESTABLECIMOS CONFERENCIA DE PRENSA el dia 19 Y DIMOS A CONOCER ESTA DECISION Y DETERMINACION DE LAS BASES A NUESTRO PUEBLO.

Podemos concebir como derrota, pero las derrotas, los clasistas los transformamos en VICTORIAS, esta huelga nos permite avanzar ideológicamente, antes de ella al magisterio no le pasaba por la cabeza el problema de escisión mientras que ahora sus mentes están abiertas, TRABAJAREMOS EN ESE NIVEL NOS FORTALECEREMOS Y VOLVEREMOS a luchar CON MAYOR ENERGIA QUE AYER.

HASTA PRONTO Y FUERTES ABRAZOS.

Puno Martes 20 de Julio

NUESTRO SALUDO A LOS MAESTROS Y A NUESTRO PUEBLO QUE SIEMPRE TIENE SED DE LUCHAR POR SUS REIVINDICACIONES, SALUDOS A LOS MAESTROS DE SANDIA POR SU DECISION DE LUCHA Y ORGANICAMENTE ASUMAMOS LA DETERMINACION DE LAS BASES DE LA REGION PUNO.
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Gobierno Regional de Tacna Reconoce Bonificaciones a Maestros Tacneños

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Con el Decreto Regional 001-2010- PR/Tacna, el Gobierno Regional de Tacna, reconoce a sus maestros, el calculo real de las bonificaciones por cumplir 20,25 y 30 años de servicio, de igual manera por luto y sepelio.

Este es un triunfo de la lucha legal emprendida por el Sutep Regional de Tacna, conjuntamente con el magisterio tacneño, por el reconocimiento y cumplimineto de las Bonificaciones como lo estipula la Ley del Profesorado.














Fuente: Sutep Regional de Tacna
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Recortan Aguinaldos

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Gobierno Recorta Aguinaldos a Docentes de Plan Piloto de Municipalizacion de la Educación y Transfiere solamente S/. 100.00 soles a las Municipalidades DECRETO SUPREMO Nº 147‐2010‐EF At.3. Inciso b.















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12 de julio - Huelga Nacional Indefinida

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Plataforma de Lucha del SUTEP Regional de Tacna.





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Reconen Asignaciones de Acuerdo a la Ley del Profesorado a Docentes de la Región Apurimac‏

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Decreto que impide que ex terroristas enseñen en escuelas es constitucional, opinan

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El ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) , Walter Gutiérrez, opinó que el DS 019 2010-ED, en el que se establecen sanciones para el personal docente y administrativo denunciados por proselitismo político o vinculados a delitos de terrorismo, tiene fines constitucionales atendibles.

Esto debido a que su contenido busca proteger los derechos a la educación y la dignidad de los niños y de los demás educandos, así como proteger el sistema democrático.

Gutiérrez remarcó que no hay que olvidar que la actividad profesional del profesor se da en el marco de un derecho fundamental, de la mayor importancia para la sociedad, como es la educación, que al mismo tiempo es un servicio público vinculado al desarrollo de la persona, particularmente de los niños.

Esto incluye la estabilidad y al desarrollo de la sociedad, y en tal sentido su ejercicio es incompatible con comportamientos dirigidos a promover la destrucción del sistema.

En esta línea, sostuvo, sería un contrasentido que el Estado no implemente medidas para defender el sistema educativo, pues es uno de los espacios desde los cuales los grupos terroristas buscan destruir el sistema es la educación.

“Admitir sin más que ex condenados por delitos de terrorismo enseñen en las escuelas, sería como permitir que ex condenados por delitos de espionaje contra nuestro país, trabajen en el sistema de inteligencia”, acotó.

Sin embargo, agregó, las medidas establecidas por la norma son cuestionables desde el punto de vista constitucional, pues viola el debido procedimiento y la presunción de inocencia, pues el Decreto establece que incluso los absueltos judicialmente podrían igual ser sancionados administrativamente, también dispone que basta la sola denuncia para separar un profesor de su cargo, y no establece un claro procedimiento para la determinación de la falta.

No obstante, Gutiérrez preciso que era legítimo que el Estado establezca un estándar mayor de exigencia para que personas que han purgado su condena puedan ingresar al sector educativo.
Con relación a quienes actualmente ya están en el sector, indicó que solo se puede hacer un registro y un seguimiento de su conducta profesional, pues es perfectamente lícito que el Estado supervise los contenidos educativos que se impartan.

De no hacerse las correcciones legales, las acciones de garantía contra el referido decreto se multiplicarán e incluso podrán llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puntualizó.
Fuente: Andina
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