Conozca qué es la acción Inconstitucionalidad y su eficacia

La reciente aprobación de la Ley de Reforma Magisterial (LRM) por el pleno del Congreso de la República (22.11.2012) y su eventual publicación en el diario oficial El Peruano coloca al magisterio peruano en el escenario de la lucha política - legal contra el propio Estado neoliberal. 


Esto supone encarar el escenario con firmeza y madurez, especialmente de sus dirigentes, esclareciendo a las bases acerca del escenario que se apertura en esta coyuntura. 

En ese contexto, se debe orientar a sus bases y dirigentes acerca de los aspectos generales que comprende la acción de inconstitucionalidad, las formalidades, requisitos y procedimientos en la perspectiva de dinamizar desde las bases esta gran lucha, como es la derogatoria de la LRM, sea en el Tribunal Constitucional o en el fuero internacional, la Corte de San José de Costa Rica. 

1.- ¿Que es la Acción de Inconstitucionalidad? 

Esta es una acción de garantías que formula quien esta legitimado para ella ante el Tribunal Constitucional contra una norma legal que contravenga la Constitución o que ha sido aprobada promulgada sin observar las formalidades y procedimientos previstos en la Constitución y que tiene como objetivo obtener, se la declare como inconstitucional y se disponga su consiguiente derogatoria. 

2.-Qué es el Tribunal Constitucional? 

Según el art. 201 de la Constitución Política, el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución (Intérprete de la Constitucionalidad) siendo su función garantizar la primacía de la Constitución para lo cual se avoca a administrar justicia en materia constitucional. 

3.- ¿Quienes están facultados para interponer la Acción de Inconstitucionalidad? 

Según el art. 203 de la Constitución Política, concordante con el art. 75 y ss. del Código Procesal Constitucional, los actores legitimados para promover esta acción de control de constitucionalidad son: 

1.-El Presidente de la República. 

2.-El Fiscal de la Nación. 3.-El Defensor del Pueblo. 

4.-El 25% de número legal de congresistas. 

5.-5,000 ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. 

6.-Los Presidentes de Gobiernos Regionales con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Consejo en materia de su competencia. 

7.-Los colegios profesionales en materia de su especialidad. 

 4.- ¿Cuáles son los requisitos de la Demanda de Inconstitucionalidad?

Según el art. 101 del Código Procesal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad debe reunir los siguientes datos: 

1.-La identidad de los órganos o personas que promuevan la demanda, su domicilio real y procesal. 

2.-L a indicación de la norma que se impugna de manera precisa. 

3.-Los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la demanda. 

4.-La relación enumerada de los documentos anexos. 

5.-La designación del apoderado, si hubiere. 

6.-Copia simple de la norma, indicándose fecha de su publicación en El Peruano. 

 5.- ¿En que plazo debe interponerse la Acción de Inconstitucionalidad? 

Según el art. 100 del Código Procesal Constitucional, la acción de inconstitucionalidad debe interponerse ante el Tribunal Constitucional dentro del término de 06 años, el que se cuenta a partir de la publicación de la norma en cuestión en el diario oficial El Peruano. 

6.- ¿Proceden las medidas cautelares en la acción de inconstitucionalidad? 

Las medidas cautelares son actos dictados con anticipación por el juez con la finalidad de asegurar a futuro la eficacia de una sentencia. Tiene por objeto proteger bienes y derechos de las personas. Estas medidas no se admiten en los procesos de inconstitucionalidad (art. 105 CPC). 

7.- ¿Son apelables las las sentencias del Tribunal Constitucional? 

Según el art. 202 de la Constitución Política los procesos de inconstitucionalidad se tramitan en instancia única y sus fallos son inapelables con lo cual se agota la jurisdicción interna. 

8.- ¿Qué efectos tiene la sentencia de inconstitucionalidad?

La sentencia del Tribunal Constitucional que declare la inconstitucionalidad de una norma, sea parcial o total, la deja sin efecto desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano (art. 204 Constitución Política).

9.- ¿Son vinculantes las sentencias que declaran, en todo o en parte, la inconstitucionalidad de una norma? 

Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada y son de efectos erga omnes, es decir, de efectos generales y por consiguiente vinculan a los poderes públicos, obligándolos a su cumplimiento. 

10.- ¿Que es la jurisdicción internacional? 

En el supuesto que el Tribunal Constitucional declare infundada la acción de inconstitucionalidad, la Constitución Política prevé en el art. 205 que quien cree tener la razón, tras agotarse la jurisdicción interna, podrá recurrir a los tribunales internacionales en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en San José de Costa Rica, órgano competente para conocer y resolver los casos de violación de los derechos de las personas por parte de los Estados parte.

Fuente: SUTE14

17 comentarios:

  1. "Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra
    Diversidad"
    SECRETARIO:
    EXPEDIENTE:
    ESCRITO: Nº 1
    SUMILLA: INTERPONGO ACCIÓN
    DE AMPARO
    SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO CONSTITUCIONAL DE…………
    El que suscribe,.............................................................,
    identificado con DNI N°....................., con domicilio real
    sito en.................................... y con domicilio procesal
    en............ ................................., a Ud. digo:

    I. PETITORIO:
    Que, de conformidad con el Art. 200° Inciso 2 de la Constitución Política del Estado y los Artículos II y 25° Inciso 10 del Código Procesal Constitucional interpongo demanda de Acción de Amparo con el objeto que se reponga las cosas al estado anterior a la vulneración de mi derecho constitucional al trabajo consagrado en los Art. 22º, 23° y 26º de nuestra Carta Magna que señala: "Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador".

    Que, asimismo, solicito la inmediata suspensión e inaplicación de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial de fecha 24 de Noviembre del 2012 y promulgada en el Diario "El Peruano" el 25 de Noviembre del 2012, que deroga la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED.

    Que, la naturaleza de una Acción de Garantía constitucional como la Acción de Amparo es la de ser un proceso cautelar autónomo, cuya finalidad es la reposición del estado de las cosas al estado anterior de la violación constitucional acusada como pretensión del proceso. Por otro lado, la naturaleza de la Acción de Inconstitucionalidad es la declaración de la inconstitucionalidad de una norma legal por contravenir expresa o tácitamente el contenido de la Constitución Política del Estado.

    Que, en función al objeto de mi pretensión, debo señalar que la norma cuestionada es una norma de naturaleza auto aplicativa, razón por la cual no se requiere de la comisión de un acto en concreto en específico para producir sus efectos jurídicos. En efecto, la inaplicabilidad de normas que no requieren de ningún acto de aplicación para vulnerar derechos constitucionalmente reconocidos, ha sido reconocida por la jurisprudencia y la doctrina.

    II. DEMANDADO:
    Que, la presente acción la dirijo contra:

    El Ministerio de Educación a través de su Procurador Público del Ministerio de Educación por ser representante legal de dicha entidad y a quien

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  2. se deberá notificar en su domicilio procesal sito en Jr. Sánchez Cerro N° 2150, distrito de Jesús María.


    III. FUNDAMENTOS DE HECHO:

    PRIMERO: Que, el recurrente es docente nombrado en la I.E. Nº........ del distrito de ....................., con .... años de servicios encontrándome en el segundo nivel de la carrera magisterial, con título profesional pedagógico; además ostento estudios en maestría y otros, como parte de mi formación profesional y académica. Que, mi nombramiento y relación laboral se dan dentro de los alcances de la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED.

    SEGUNDO: Que, sin embargo, con fecha 25 de Noviembre del 2012 se publica en el Diario Oficial "El Peruano" la Ley Nº 29944 “Ley de Reforma Magisterial", afectando mis derechos y bonificaciones laborales adquiridos, los mismos que están contemplados en la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED; pretendiendo, imponérseme nuevas condiciones laborales de manera arbitraria, atentando contra nuestros derechos constitucionales, siendo el principal el derecho a la estabilidad laboral.

    TERCERO: Que, como es de verse dicha norma se pretende aplicar, en mi caso, en forma retroactiva, contraviniendo el principio constitucional de irretroactividad de la ley consagrado en el Art 103° de la Carta Magna que prescribe; "(...) la ley desde sus entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (...)".La garantía es clara y precisa: una ley sólo tiene efectos a futuro.

    CUARTO: Que, además, la aplicación de la cuestionada ley contraviene mi derecho al trabajo consagrado en el art. 2º Inciso 15 de la Carta Magna, así como mis derechos fundamentales contemplados en el art. 13° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado y el art. 33° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, que a la letra dice: "estabilidad laboral en la plaza, nivel, cargo, lugar y centro de trabajo".

    QUINTO: Que, la aplicación de la misma infringe el Principio de Legalidad e Interpretación Favorable al Trabajador consagrado en el Art. 26º de la Constitución Política del Estado, en el extremo que prescribe: En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y 3. La interpretación de cualquier norma legal debe ser favorable al trabajador en caso de duda insalvable, es decir, el in dubio pro operario.

    Que, dicha ley también vulnera lo consagrado en el Art. 23° de nuestra Carta Magna que señala: "Ninguna relación laboral puede limitar el

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  3. ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador".


    IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

    •1. VULNERACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO Y PROTECCIÓN ESTATAL AL TRABAJO (ARTS. 22° Y 23° DE LA CONSTITUCIÓN) Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES (ART. 26° DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS).

    El derecho al trabajo es un derecho reconocido por el Art. 22° de la Constitución Política de! Estado al señalar "E! trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona", siendo que su contenido esencial implica dos aspectos, conforme lo ha desarrollado e! Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico No 12 de la Sentencia recaída en el Expediente No 1124-2001-AA/TC: "(...) El acceder a un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser despedido por causa justa, cabe precisar que, en el primer caso, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo; si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según las posibilidades del Estado. (...)".

    Adicionalmente, consideramos que el derecho al trabajo no solo supone el deber de! Estado de promover condiciones necesarias para que las personas accedan a un puesto de trabajo, sino que también que las condiciones laborales que consagre la legislación laboral (sea del sector público o privado) no sean reducidas o eliminadas por una norma posterior, afectando los derechos de los trabajadores.


    •2. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE MAGISTERIO PERUANO CONTEMPLADAS EN LA LEY Nº 24029 Y SU MODIFICATORIA LEY Nº 25212, LEY DEL PROFESORADO Y SU REGLAMENTO CONTENIDO EN EL DECRETO SUPREMO Nº 019-90- ED.

    A tal efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que "De conformidad con lo que dispone el artículo 23º de la Constitución, el Estado asume las siguientes responsabilidades con relación al trabajo: (...) - Asegurar que ninguna relación laboral limite el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconozca ni rebaje la dignidad del trabajador (...)" (Fundamento Jurídico No 19 de la Sentencia recaída en el Expediente No 0008-Pl/TC). En ese sentido, el Estado, a través del Ministerio de Educación, que pretende la aplicación inmediata de la norma materia del presente proceso, está aplicando a los docentes condiciones de trabajo menos favorables a la legislación anterior, atentando contra el derecho al trabajo, sino también que supone un menoscabo a la dignidad del docente como trabajador público, a través de una norma agravante de sus derechos.

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  4. En tal sentido, siguiendo la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional, el principio de condición más beneficiosa es impuesto por el carácter tuitivo y protector del trabajo en nuestra Constitución. Por ende, la Ley Nº 29944 atenta contra dicho principio que inspira el derecho al trabajo, debido a que reduce las condiciones más beneficiosas establecidas en la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, con referencia a la permanencia, ascensos y cese de la carrera magisterial. Pretender imponer a los docentes condiciones distintas y menos favorables a la legislación anterior no solo atenta contra e! contenido esencial de! derecho al trabajo, sino que evidencia que el Estado incumple con su deber con relación a la protección de dicho derecho, conforme al Art. 23° de la Constitución, más cuando el Art 26º establece el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

    Asimismo, se advierte que la aplicación de la Ley Nº 29944 contraviene lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículo 26, que señala como compromiso de los Estados Partes de adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados" La teoría de los Derechos Humanos señala que dicho principio se expresa en el mandato de no retroceso en materia de derechos fundamentales, es decir, resulta atentatorio contra los derechos humanos (de carácter expansivo) la tutela de legislación que restringa !a aplicación de un derecho fundamental.

    En efecto, la norma objeto del presente proceso implica un retroceso con la legislación anterior, con condiciones laborales menos favorables. Por ende, el Estado ha restringido el derecho al trabajo de los docentes, cuando debió haber promovido mejores condiciones al mismo a través de la reforma legislativa efectuada a través de la Ley Nº 29944 por tanto, esta deviene en irrazonable, desproporcional y atentatoria contra la progresividad de los derechos fundamentales de los profesores a nivel nacional.

    En tal sentido, resulta evidente que la aplicación de la norma que es objeto de la presente Acción de Amparo es un hecho notoriamente consecuente de la violación de derechos fundamentales de los profesores que están regidos bajo los alcances de la Ley Nº 24029 y su modificatoria, Ley Nº 25212, Ley del Profesorado con su consiguiente reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 019-90-ED.


    V. MEDIOS PROBATORIOS:
    •1. Copia de DNI del recurrente.
    •2. Copia de boleta de pago.
    •3. Copia de Título Pedagógico.

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  5. •4. Copia de Resolución de Nombramiento.
    •5. Copia de Resolución de Ascenso y/o Reasignación.

    VI. ANEXOS:
    1-A Copia de DNI del recurrente.
    1-B Copia de boleta de pago.
    1-C Copia de Título Pedagógico.
    1-D Copia de Resolución de Nombramiento.
    1-E Copia de Resolución de Ascenso y/o Reasignación.

    POR TANTO:

    Solicito a usted, Señor Juez, admitir la presente demanda, tramitarla y en su oportunidad declararla FUNDADA, en todos sus extremos.



    …………,……….. noviembre del 2012.



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  6. Bueno Colegasalli tienen la accion de amparo a tramitar y seguir luchan ni un paso atras hasta el triunfo............

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  7. no pierdan su tiempo, ni malgasten su poco dinero haciendo trámites insulsos,que no serviran de nada...más bien preparense para cobrar sus aumentos en diciembre...

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  8. LO MISMO PASO CUANDO AL APRA APROBO LA LCM EL 2007, ENTONCES EL 2008 SE PRESENTO LO MISMO FIRMANDO PLANILLONES Y PAGANDO UN SOL POR DOCENTE.
    A LA FECHA NO SE HA LOGRADO NADA Y PEOR NO SE SABE QUE FUE DEL DINERO QUE SE LE DIO AL SUTEP (CONARE) QUE NOS COBRARON EN CADA REGION.
    AVERIGÜEMOS BIEN Y NO SEAMOS ENGAÑADOS NUEVAMENTE.

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  9. no pierdan su tiempo, ni malgasten su poco dinero haciendo trámites insulsos,que no serviran de nada...más bien preparense para cobrar sus aumentos en diciembre...
    atte
    profesorcito ridículo y pesimista,progobiernista

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  10. Pueden publicar que articulo, texto de la LRM es inconstitucional, con mi analisis yo no lo encuentro, claro yo no soy constitucionalista, quisiera ser informado y no ser engañado por las facciones.

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  11. HABLAN MAL DEL FMI, BID, Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES, DICEN QUE NOS QUIEREN SOMETER, CONVERTIRNOS EN DEPENDIENTES, ETC,ETC, EN SUS DISCURSOS. PERO POR OTRO LADO DICEN QUE ACUDIRAN A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES OIT, CORTE DE SAN JOSE, SI ESTOS SON FINANCIADOS POR EL FMI, BID, ETC.
    ...SEGUIMOS SIENDO ENGAÑADOS..................

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  12. NO SEAS CABEZON, CON ESA MENTALIDAD QUE TIENES PIENSAS ASI (CEN Y SU COPULA PATRIA ROJA.

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  13. Yo si lo firmare y presentare mi accion de amparo y lo publicare en este emdio no me importa el aumento por quue soy maestro digno .....

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  14. los maestros dignos y de vocacion tambien son huelguistas y se mueren de hambre y no le gusta que lo evaluen...se conforman con 50 soles de aumento cada 6 o 7 años...

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  15. el coleguita de: 28/11/12 21:58 es mas pesimista , ridiculo y seguro hasta terruco,que cree que con huelguitas a media caña va resolver su miedo a las evaluaciones....pobre profesorcillo cavernario...estudia ps...

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  16. ¿QUIEN DICE QUE NO SE CONSIGUIO NADA CON LA DEMANDA DEL 2007 Y 2008 CONTRA LA LEY DE CPM DEL APRA? SI SOLO SE INVITO A LA INCORPORACION, POR LA DEMANDA ES QUE NO OBLIGARON A NADIE. ESTE AÑO IGUAL TENEMOS QUE HACER RETROCEDER AL GOBIERNO.

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