Esta semana podría ser aprobada la Ley de institutos tecnológicos.

El viceministro de Gestión Pedagógica defiende la ley que regulará la creación, licenciamiento y fiscalización de institutos.


Esta semana, el Congreso podría aprobar la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Con esta norma, el Ministerio de Educación (Minedu) daría por cerradas sus reformas para el sistema educativo peruano.

— ¿Cuál es su diagnóstico de la educación técnica superior en el Perú?
Estamos muy retrasados. Tenemos aproximadamente 400 mil alumnos en educación técnica, pero deberíamos tener el doble. Además, muchos alumnos estudian carreras que no tienen demanda en el mercado laboral. En algunos institutos, las posibilidades de empleo son cercanas a cero; en otros, los niveles de remuneración son semejantes a los de un egresado universitario.

— ¿Cuántos institutos tiene registrado el Minedu?
Aproximadamente, hay 800 institutos en el país. Pocos están acreditados. Lo primero que va a ocurrir es que habrá un proceso de licenciamiento de los institutos, separará la paja del grano.

— Muchos escogen una universidad porque consideran que tendrán mejores oportunidades laborales.
[Eso ocurre] porque no cuentan con información suficiente para tomar decisiones, como elegir un centro de estudios. En el portal Ponte en Carrera [ver vinculada], se puede ver el ingreso económico posible de un egresado.

— ¿Se va a regular la creación de nuevos institutos?
La nueva ley prevé un proceso de licenciamiento; es decir, como sucede con cualquier establecimiento de servicios, se necesita cumplir con condiciones mínimas.

— ¿Los docentes tendrán nuevas exigencias?
En el caso de los institutos tecnológicos, lo que se necesita es que los profesores vengan del área productiva.

— ¿Cómo se va a fiscalizar?
Los institutos van a seguir siendo licenciados y supervisados por el Minedu. Solo si estos otorgan el grado de bachiller, serán licenciados por la Sunedu.

— Hubo casos de institutos que operaban sin dar títulos a nombre de la nación. ¿Qué se hará?
Independientemente de la nueva ley, lo que estamos haciendo con este nuevo sistema de Ponte en Carrera es registrar a todos los institutos y verificar cuáles son aquellos que ofrecen las mejores posibilidades para los alumnos. Sugiero a los usuarios que no encuentren a su instituto que lo informen al Minedu para que se verifique si este tiene validez legal.

— ¿Hay voluntad política para sacar adelante la ley?
Un buen instituto puede competir con los servicios de una universidad. Hay algunos congresistas que tienen intereses en universidades y prefieren que todo el campo les quede a ellos. Más que agrupaciones, son personajes los que se oponen.

— Hay asociaciones que consideran que la ley sería intervencionista y quitaría la autonomía al sector.
No tenemos una situación tan controversial como ocurrió con la Ley Universitaria. La asociación de institutos privados se ha pronunciado favorablemente. Los trabajadores de los institutos también, al igual que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Es decir, las fuerzas encargadas de los procesos [de la futura ley] en realidad están a favor.

— ¿Cuáles son las principales diferencias con la Ley Universitaria?
Los institutos tienen características de formación distinta, están muy vinculados al desarrollo profesional para mejorar el sector productivo. La universidad tiene pretensiones más amplias y menos aplicativas. La ley plantea un conjunto de mecanismos para crear una red de institutos nacionales que sean gestionados a través de una organización llamada Educatec (Organismo de Gestión de Institutos y Escuelas de Educación Superior), estos van a estar representados por las organizaciones tanto regionales como productivas.

— El ministro Jaime Saavedra ha dicho que con esto se completaría la reforma.
Esta ley completa la reforma de la educación superior, porque vincula a la educación técnica y pedagógica a la universitaria, y junto a la ley de acreditación se cerraría el conjunto de reformas necesarias para garantizar una educación superior de alta calidad.


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Fuente: El Comercio

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